*Las compañías reclaman que la decisión de la Secretaría de Energía sobre los Certificados de Energía Limpia dañaría los ingresos adicionales de parques eólicos y solares

20/11/2019-Ciudad de México-El Financiero

Los cambios radicales a las regulaciones de energía limpia de México realizados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han provocado una reacción legal por parte de la industria.

En octubre, la Secretaría de Energía informó que otorgaría a proyectos más antiguos administrados por el Gobierno los mismos Certificados de Energías Limpias (CEL) que a los nuevos proyectos que los certificados pretenden respaldar.

Ahora, compañías de energías limpias que representan 14 proyectos y casi la mitad de todos los CELs emitidos presentaron una demanda para evitar que entren en vigor las modificaciones.

Los detractores de los cambios que hizo el Gobierno afirman que permitir que generadoras de energía hidroeléctrica más antiguas califiquen para los certificados diluye su valor para las empresas que buscan construir nuevos proyectos.

Los CELs se pueden vender a grandes consumidores de electricidad que deben comprar una cantidad determinada de energía renovable en virtud del mandato de la administración federal. Esto genera ingresos adicionales para los parques eólicos y solares.

“Esta es una reacción natural a la decisión del Gobierno”, comentó Julio Valle, titular de estrategia de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, en una entrevista desde Ciudad de México. “Esto perjudicará los objetivos de energía limpia del Gobierno y la legislación que supuestamente apoyaría a las empresas que generan” energía limpia, agregó.

Si bien Valle no reveló quién participa en la solicitud de órdenes judiciales contra las medidas, las compañías afectadas por el cambio incluyen filiales locales de Enel, Engie e Iberdrola. Valle indicó que, según las compañías, el cambio legal constituye un incumplimiento de contrato, ya que las empresas habían planeado proyectos teniendo en cuenta el valor de los CELs.

Si las demandas tienen éxito, los cambios planeados por el Gobierno podrían posponerse para su mayor estudio en virtud de la ley mexicana.