*Colaboración especial del Lic. Gerardo Cárdenas Hernández, Presidente del Consejo Directivo.

01/12/2015-Veracruz, Ver. -Gerardo Cárdenas Hernández

La Ley de Transición Energética (LTE), vinculada a la Reforma Energética, es clave porque establece reglas para la promoción y el uso de las energías renovables, define los montos mínimos de participación de renovables para la producción de energía eléctrica. Serían 25% en el 2018; 30% en el 2021; 35% en el 2024 y 60% para el 2050.

A juicio de la Industria, si bien el espíritu de la Ley es correcto, la LTE se debió haber centrado en reducir las emisiones, y no en cumplir con un porcentaje de utilización de energías limpias. Para incentivar fuentes de energía renovables, la LTE establece altas penalizaciones a las empresas por incumplir la obligación de consumir energías limpias a través de la adquisición de Certificados de Energías Limpias (CEL).

Dado que el costo de adquisición de los CELS puede acercarse al valor de las multas, el efecto combinado de lo anterior implica un posible aumento en el costo de la electricidad e impactar directamente a todos los usuarios.

Por ejemplo, si una empresa consume 100 Kw al mes, podría seguir comprando 95 Kw a 50 centavos con una fuente de energía convencional como el gas natural, pero los 5 Kw restante se tendrían que comprar a 120 centavos a través de los CELs. El CEL funciona como una acreditación de cumplimiento con la obligación susceptible a multas si no se cuenta con ellos.

En este sentido, reconocemos la apertura de las autoridades Hacendarias, Energéticas y de los Senadores en el ánimo de encontrar un punto medio entre el cumplimiento de metas y la viabilidad de la industria.

Las preocupaciones de la Industria son muy claras:

Que los compromisos de México para reducir emisiones de dióxido de carbono no deriven en un encarecimiento de la energía y resten competitividad al país.
Buscar el mecanismo para desarrollar la industria de las energías renovables sin que sea a base de multas y penalizaciones a las empresas, en detrimento de los consumidores.

A juicio nuestro, se debe tener como objetivo la EFICIENCIA ENERGÉTICA, así como los plazos de los compromisos de emisión de contaminantes para la industria, especialmente para las MiPYMES, al igual que bajar las multas por no llegar al porcentaje obligatorio de energía limpias.