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Opinión Industrial |
RESUMEN
La reforma constitucional presentada el 30 de septiembre pretende cambiar el modelo eléctrico nacional. De aprobarse:
Dañaría el mercado. Al eliminar los tres pilares que requiere para operar: un regulador autónomo (CRE), un operador independiente (CENACE), y un despacho eficiente de la electricidad.
Crearía un monopolio. Sectores que hoy están regidos por la garantía de competencia quedarían reservados al Estado y controlados por CFE. Los generadores sólo podrán venderle a CFE y los consumidores sólo podrán comprarle a CFE, a las tarifas que ésta disponga.
Cancelaría todos los permisos y contratos vigentes sin causa justificada, Obligaría a las plantas privadas a dejar de producir energía al momento de su publicación, pues les quitaría el permiso para hacerlo.
Si la reforma se aprueba, habría cuatro implicaciones graves para México :
1.- Incrementaría el costo de la electricidad. Privilegiaría generación eléctrica de CFE, que es más cara que la del sector privado. Obligaría a las empresas a comprar energía a CFE a precios más altos, generando presiones inflacionarias.
2.- Generaría un boquete en las finanzas públicas y la economía nacional. El costo de producción total subiría en al menos 62,100 millones de pesos anuales – 621, 000 mdp en una década. En conjunto con el subsidio eléctrico y las inversiones adicionales que tendría que hacer CFE, los sobrecostos alcanzarían 1.7 billones de pesos.
3.- Cancelaría la transición energética. México se volvería un obstáculo en la lucha global contra el cambio climático. En lugar de cumplir sus metas, el país aumentaría sus emisiones de gas efecto invernadero en más de 46%.
4.- Entraría en controversia con los tratados internacionales que firmó México. Obligaría a los inversionistas a acudir a paneles internacionales, como los del T-MEC, para proteger 44 mil millones de dólares de inversión en riesgo de confiscación y expropiación indirecta. También expondría a México a controversias internacionales Estado – Estado.
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