*El argumento es que las líneas que funcionan vía recargas son más propensas a ser utilizadas para la extorsión.

05/05/2022-Ciudad de México--

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por completo el proyecto del decreto por el que se creaba el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), al considerar que violaría el derecho a la privacidad y a la intimidad de los ciudadanos al recabar datos personales y biométricos de los consumidores. Los ministros tampoco consideraron que la medida ayudaría a combatir las extorsiones telefónicas.

Sin embargo, durante la discusión la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Luis María Aguilar Morales consideraron que las líneas de prepago, es decir las que funcionan con recargas, deben ser registradas debido a que en esta modalidad los usuarios no están obligados a entregar información personal a diferencia de las líneas de pospago.

Ambos ministros apuntaron que para el registro de las líneas de prepago los consumidores deberían entregar su nombre y comprobante de domicilio, lo que no debería de representar una violación a la privacidad, ya que las personas entregan este tipo de información para otros trámites.

“Muchos de esos datos ya se proporcionan para la contratación de otros servicios como tarjeta de crédito, telefonía fija, entre otros”, en días pasados la Ministra Fajart, durante su participación en la discusión para desechar el registro de telefonía.

De acuerdo con datos de la consultora The Ciu al cierre de 2021, en México existen 132.4 millones de líneas móviles, de las cuales el 82.8% están bajo el esquema de recargas y sólo 17.2% en el de pospago.

Lo anterior significaría que el 82.1% de los usuarios móviles estarían obligados a entregar sus datos personales. Además este segmento ha tomado más fuerza por la pandemia y por el aumento de la inflación que presiona la economía de los usuarios.

Pero expertos consideran que la propuesta de los ministros no está justificada y es discriminatoria al pretender obligar sólo a las personas que tienen una línea de prepago a entregar sus datos para acceder a un servicio de conectividad, el cual, enfatizan, es un derecho humano. Mientras que los ciudadanos que cuentan con un plan de pospago entregan sus datos de manera voluntaria y no por obligación, y esta información las empresas la usan para domiciliar o saber en dónde pueden cobrarle al usuario por su servicio móvil.

Además, descartan que una base de datos de líneas móviles de prepago ayude a mitigar el delito de extorsión, por el contrario, vulnerará la identidad de los usuarios.

“Ya sabemos que la tecnología es falible y que puede ser burlada, es absurdo pensar que alguien que va a delinquir va a realizar una llamada telefónica desde un celular registrado sea de prepago o de pospago. El problema de inseguridad de México no está en la falta de un registro de personas que usan un teléfono. Hay que empezar a buscar otras causas por las que tenemos este problema”, aseveró Michel Hernández Tafoya, presidente de Observatel.

¿Las bases de datos de telefonía móvil son una tendencia global?
Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, menciona que si bien la obtención de información personal de los usuarios toma mayor relevancia para las naciones, sólo en países que son considerados autoritarios cuentan con una base de datos para acceder a una línea telefónica.

De acuerdo con el director de R3D, naciones como Afganistán, Irán, Irak, Rusia, China, Arabia Saudita, Pakistán y Emiratos Arabes Unidos exigen la entrega de datos personales para acceder a un chip de telefonía móvil.

“Hay que voltear a ver dónde estos registros son obligatorios Yo preguntaría si México se quiere ubicar ahí o si queremos ubicar al país en naciones que favorecen la conectividad”, consideró el directivo de Observatel.

¿Qué opciones existen para hacer frente a la extorsión telefónica?
Expertos consideran que las autoridades ya cuentan con herramientas suficientes para combatir el delito de extorsión telefónica, desde la geolocalización, la intervención de comunicaciones hasta la obligación por parte de la ley de desconectar la señal telefónica en centros penitenciarios.

Incluso las empresas de telecomunicaciones han buscado a las autoridades para colaborar en la detección de delitos de extorsión a partir de la creación de una base de datos de números telefónicos de dónde los usuarios reporten que han recibido llamadas de extorsión.

“Desde mi punto de vista es falsa la necesidad de un registro de líneas telefónicas porque ya existen herramientas para investigar y para inhibir las extorsiones, pero el Estado no lo ha hecho por corrupción y por incompetencia”, sentenció el directivo de R3D.

Para Michel Hernández Tafoya es necesario generar una estrategia integral en materia de seguridad en donde las autoridades y las empresas de telefonía móvil trabajen en conjunto para mitigar este delito que aqueja a los ciudadanos pero no mediante un registro de líneas telefónicas.









Fuente: https://expansion.mx/empresas/2022/05/05/ministros-proponen-lineas-recargas-entreguen-datos