La Comisión Europea debe presentar mañana su plan para reformar las normas presupuestarias de la Unión Europea (UE), vistas por diversos países como obsoletas y extraordinariamente complejas.

“Es hora de hacerlo. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?”, advirtió recientemente el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

Estas normas, plasmadas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, fueron suspendidas a principios del 2020 para evitar un colapso de la economía europea afectada por la pandemia de Covid-19, aunque deben ser reactivadas a fines del 2023.

El Pacto de Estabilidad es un instrumento que fue adoptado por los países de la zona euro en 1997 para preparar el terreno a la llegada de la moneda única, el 1 de enero de 1999.

Este rígido conjunto de normas presupuestarias retoma los criterios del Tratado de Maastricht (1992), con dos pilares emblemáticos e intocables: déficit de las administraciones públicas limitado a 3% del PIB nacional y una deuda limitada a 60% del PIB.

En caso de incumplimiento, el pacto prevé un procedimiento que puede conducir hasta las sanciones, pero éstas nunca se aplicaron.

Para volver a respetar las normas del pacto, los países que superen estos límites deben proponer una trayectoria correctiva de varios años, negociada con la Comisión Europea.

Teóricamente, el exceso de deuda por encima de 60% debe reducirse en 1/20 por año, pero esta regla se considera inaplicable, ya que impondría una devastadora austeridad a países ya fuertemente endeudados.

Existen en la UE dos bloques opuestos. Uno de ellos es conocido como el grupo de los “frugales”, del norte de Europa y encabezados por Alemania. Son los que creen que el pacto no se aplica con la suficiente severidad.

En tanto, los países sobreendeudados del sur de Europa (como Italia, cuya deuda alcanza 150% del PIB) consideran que la estructura es demasiado rígida.

Para este segundo grupo, la visión más estricta penaliza la inversión pública en un momento en el que los Estados europeos deben gastar de forma masiva.

“En estos dos polos, unos piden más reglas automáticas y los otros piden más flexibilidad. Así, definen las grandes líneas de la reforma”, apuntó Andreas Eisl, investigador del Instituto Jacques Delors.

Hay un punto, sin embargo, en que hay unanimidad: todos critican la complejidad de las reglas actuales.

Para Gentiloni, el nuevo marco adoptado debe permitir una simplificación del mecanismo y una mejor implementación, para garantizar tanto una deuda como un crecimiento sostenible.