Antonio Martínez Dagnino tendrá que esperar para ser oficialmente el nuevo jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pues el Pleno de la Cámara de Diputados no votó por su ratificación en la sesión de este jueves.

La Cámara de Diputados no votó el dictamen que fue enviado a la Mesa Directiva por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara baja. Además, del pendiente en la ratificación de Martínez Dagnino, se está aplazando el nombramiento de otros funcionarios dentro del SAT.

Los nombramientos pendientes son los de Armando Ramírez Sánchez, como Administrador General de Grandes Contribuyentes; Gari Gevijoar Flores Hernández González, como Administrador General de Recaudación; y Ricardo Carrasco Varona, como Administrador General Jurídico.

Cabe recordar que el periodo ordinario de sesiones de la LXV legislatura concluye la próxima semana, ante ello al poder Legislativo aún le quedan dos últimas sesiones, el 13 y 15 de diciembre, para aprobar y ratificar el nombramiento del nuevo jefe del SAT, así como de los nuevos administradores del fisco federal.

En este sentido, la votación del Pleno para ratificar a Martínez Dagnino se dará dos meses después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera el visto bueno el 10 de octubre la designación en el puesto que dejó vacante Raquel Buenrostro Sánchez.

 Mientras que la ley del SAT, en su artículo 13, establece que el jefe del Servicio de Administración Tributaria será nombrado por el Presidente. El nombramiento estará sujeto a la ratificación del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Compareció en comisión

El pasado martes, el nuevo jefe del SAT comentó ante la Comisión de Secretaría de Hacienda y Crédito Público que por medio de las auditorías a grandes contribuyentes del 2013 al 2018 se recaudaron 501,133 millones de pesos.

Cantidad que en lo que va de la actual administración ya ha sido superada en casi 10 por ciento.

“Al robustecer nuestro plan de fiscalización con el adecuado conocimiento del marco normativo y la exacta aplicación de los procedimientos de fiscalización se recaudaron en sólo tres años y 10 meses, 679,511 millones de pesos, lo que representa 9.5% más en términos reales”, dijo Martínez.

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