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Mientras que en la Cámara Alta las designaciones de funcionarios faltantes serán un pendiente para el 2024, en San Lázaro, la reducción de las horas a trabajar seguiría en el tintero.
A menos de una semana de que concluya el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer y último año de ejercicio de la LXV Legislatura de la Cámara de Senadores, la agenda pendiente de aprobación ante la falta de acuerdos entre el grupo mayoritario representado por Morena y sus aliados del PT, PVEM y PES, y el autodenominado bloque de contención que hasta la semana pasada integraban el PAN, PRI, MC, PRD y senadores sin partido político, incluye casi un centenar de designaciones de funcionarios públicos y de reformas definidas como prioritarias.
Entre los nombramientos que los senadores no han podido realizar a la fecha destacan los de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); ambas designaciones debieron aprobarse por el pleno cameral antes del 31 de octubre pasado, cuando los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante concluyeron su periodo constitucional de siete años en el cargo.
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