El gobierno del presidente López Obrador se ha plantado de frente ante la minería a cielo abierto. El desacuerdo de la administración federal con esta industria no es nuevo: desde el inicio del sexenio no se han otorgado nuevas concesiones y apenas en abril del año pasado se promovió una reforma a la Ley Minera para reducir los años de duración de las concesiones y elevar los requisitos de los permisos de extracción de agua.

Pero la confrontación de frente y exclusiva a la minería a cielo abierto es nueva. En el paquete de reformas enviadas al legislativo el presidente ha incluído una modificación en el artículo 27 para “prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto”.

La minería a cielo abierto es aquella con la que se explotan yacimientos de minerales y metales que están en la superficie mediante explosiones controladas.

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