Todas las modificaciones realizadas a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación laboral en 2021 han pasado la prueba de constitucionalidad, sólo algunas reglas secundarias de la STPS han sido rechazadas por la SCJN.

“Esta última interpretación de la Corte pone los clavos al ataúd del viejo modelo de subcontratación”, afirma Jorge Sales Boyoli, socio director de la firma Sales Boyoli. El especialista se refiere a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional el tope de tres meses al reparto de utilidades, disposición incorporada a la legislación laboral con la reforma de outsourcing de 2021.

La resolución de la SCJN sobre el tope al PTU es el último punto que faltaba por resolverse dentro de una ola de controversias promovidas por empresas y por sindicatos contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de subcontratación, modificación que prohibió el outsourcing basado en suministro de personal y estableció nuevas reglas para la contratación de servicios especializados.