Menos anuncios de inversión, un aumento en las primas de riesgo que cobran los bancos por otorgar financiamiento, la pérdida del grado de inversión, y más presión presupuestal, son parte de los costos que pagará México de seguir avanzando la reforma al poder judicial, advirtió la directora de México Evalúa, Mariana Campos.

Entrevistada por El Economista, resaltó que al percibir un mayor riesgo en el ambiente para hacer negocios, resultado de la percepción de un limitado respeto al Estado de derecho, desalentará a los bancos a ofrecer crédito y terminará por inhibir a la Inversión Extranjera Directa, lo que terminará por lesionar a la actividad económica, se reducirá la capacidad para para generar empleos y habrá menos ingresos susceptibles de ser gravados.

Agregó que costaría más trabajo al gobierno pagar la deuda, que ya tiene años pagando altos intereses por ella.

El pago de intereses de la deuda pasó de absorber el 10% de los ingresos en el 2021 a 16% en el 2024.

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